La causa judicial que sacude al viejo sistema SIRA comienza a mostrar algo más que simples gestores de importaciones y empresarios desesperados por acceder al dólar oficial. A medida que avanzan las filtraciones de audios y chats secuestrados por la Justicia, aparece una trama donde el dinero rápido, los contactos políticos y crecimientos patrimoniales explosivos parecieran cruzarse peligrosamente.
Uno de los nombres que emergen de ese entramado es el de Adriel Dono Miniot, un ingeniero oriundo de La Plata que, según la documentación incorporada a la investigación, mantenía conversaciones directas con el empresario Martín Migueles, señalado como uno de los operadores centrales de las maniobras ilegales vinculadas al sistema SIRA durante el gobierno de Alberto Fernández.
La causa, impulsada por el fiscal Franco Picardi, investiga un supuesto esquema de corrupción mediante el cual intermediarios cobraban comisiones de entre el 10 y el 15 por ciento para acelerar autorizaciones de importación y garantizar acceso al dólar oficial, uno de los bienes más codiciados durante los años del cepo cambiario. En ese contexto aparece “Adriel de La Plata”.
En el ambiente inmobiliario platense, el nombre de Adriel Dono Miniot ya venía despertando comentarios desde hace tiempo. Quienes lo conocen aseguran que intentó desarrollarse como ingeniero y consultor vinculado al sector energético, e incluso emigró hacia Oceanía junto a una pareja anterior, aunque el proyecto habría fracasado rápidamente. Sin demasiadas perspectivas, regresó a la Argentina y comenzó a trabajar como agente inmobiliario en la oficina Remax Diagonal II, ubicada en City Bell.
Allí conoció a la martillera e influencer inmobiliaria Rafaela Ostrofsky, con quien inició una relación sentimental y laboral. El crecimiento económico de la pareja durante los últimos años llamó rápidamente la atención del sector. Según distintas fuentes del mercado inmobiliario, Dono Miniot y Ostrofsky abandonaron Remax Diagonal II y, junto al martillero Francisco Errico, montaron su propia franquicia de Century 21.
“Montaron una oficina de 150 mil dólares de un día para el otro”, relató un operador inmobiliario local. “Empezaron a llamar desarrolladores para comprar emprendimientos y a decir que Jorge Testa, su antiguo jefe, era un estafador”.
Las tensiones dentro del ambiente inmobiliario platense crecieron todavía más cuando comenzaron a exhibir en redes sociales un estilo de vida ostentoso: viajes, oficinas de diseño, campañas publicitarias masivas y una mudanza al exclusivo country Grand Bell. Sólo pasearse por las redes sociales de la oficina es acceder a un mundo de ostentación tan grotesco que dejaría pasmado al propio Ricardo Fort. Videos de agentes inmobiliarios tomando champagne, viajes, oficinas estrafalarias y brindis de todo tipo, están a la orden del día.
En las últimas jornadas, la imagen de la pareja pseudo empresarial formada por Dono Miniot y Ostrofsky comenzó a caer en picada. Numerosos clientes consultados por este medio aseguraron que tienen la intención de mudar sus negocios y propiedades a otras oficinas. “Tenemos miedo de quedar pegados en una trama oscura”, aseguraron.
La hoja de ruta judicial inmediata tiene tres movimientos clave.
Primero, las próximas indagatorias y eventuales detenciones, que dependen de cómo avance el análisis de los chats secuestrados. Segundo, la posibilidad de que se sumen nuevos imputados a medida que se completa el mapa de operadores y empresas. Tercero, la definición del juzgado sobre las medidas de cautela: embargos, inhibiciones y eventuales prisiones preventivas para los actores principales.
Para la capital provincial, lo que viene es la propia revisión de quiénes, dentro del universo empresarial local, pueden quedar formalmente vinculados al expediente. Es una etapa que suele tomar meses, pero que ya empezó. Cualquier nuevo nombre que aparezca en los próximos chats puede recalibrar el mapa político y empresarial de la región.
La pregunta de fondo, mientras tanto, sigue abierta: cuánto del dinero que movió el esquema descansa hoy en activos, propiedades o sociedades de la región. La respuesta, si llega, va a ser uno de los grandes capítulos judiciales del año.