Viernes, 4 Sept 2026
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El juez Raúl Dalto denunció presuntas irregularidades dentro de la Cámara Penal de La Plata y remitió las actuaciones a la Justicia Penal. En el expediente hay una pericia informática que detectó 18 intervenciones sobre una resolución paralela. Ahora, días después de denunciar a dos camaristas, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires lo licenció por 90 días.
El caso dejó hace tiempo de ser solamente una disputa por unas tierras de City Bell. En el centro de la escena quedó un juez que decidió denunciar lo que consideró irregularidades dentro del tribunal que integra y que, por su deber funcional, remitió las actuaciones a la fiscalía penal. Del otro lado aparecen intereses económicos vinculados con un desarrollo inmobiliario y una estructura de poder que atraviesa los tribunales de la capital bonaerense.
Raúl Dalto, integrante de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, denunció a sus colegas Silvia Oyhamburu y Sofía Rezzónico Bernard por hechos que, según los planteos realizados, podrían constituir delitos. Las magistradas enfrentan pedidos de jury de enjuiciamiento y la investigación incluye una pericia informática realizada sobre el sistema judicial.
El dato que vuelve particularmente sensible al expediente es que esa pericia registró actividad sobre una resolución paralela durante la mañana del 11 de mayo de 2026. Según la denuncia de Dalto, fueron 18 intervenciones antes de que él firmara la resolución original, además de firmas parciales, retiro de firmas y modificaciones vinculadas con su voto.
No se trata, entonces, solamente de una discusión entre magistrados sobre la interpretación de una norma. Lo que Dalto denunció fue la existencia de una resolución “melliza”, distinta de aquella sobre la cual estaba trabajando y votando. Y una pericia informática aportó registros objetivos sobre las intervenciones realizadas sobre ese documento.
Una causa en La Plata con millones en juego
El expediente tiene como telón de fondo un conflicto por tierras de City Bell y Los Porteños vinculadas con la urbanización Clementina II, un desarrollo proyectado sobre cinco parcelas, unas 20 manzanas y alrededor de 228 lotes. Juan Sebastián Lorne Stephens aparece en el expediente como presidente de Astufa Fiduciaria S.A. y fiduciario del emprendimiento.
La familia Carrizo sostiene que posee esos terrenos desde hace aproximadamente 60 años. La Justicia Civil intervino en el conflicto, produjo prueba y resolvió hacer lugar a un interdicto de retener la posesión contra Lorne Stephens y Astufa Fiduciaria S.A., ordenando que cesaran los actos de turbación. La Cámara Civil confirmó posteriormente esa decisión.
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